La Procuraduría fórmulo pliego de cargos en contra del excongresista Álvaro Ashton, ipor el presunto pago de una millonaria suma al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia. 

Según publica El Tiempo, "para la Procuraduría General hay pruebas suficientes que demostrarían que el excongresista liberal Álvaro Ashton realizó pagos irregulares para obtener decisiones favorables en los procesos que se le seguían en la Corte Suprema de Justicia".

 "El órgano de control reprochó al excongresista presuntamente ofrecer a través del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y posteriormente dar por intermedio del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, aproximadamente 600 millones de pesos, con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por “parapolítica” N°39768 y se emitiera una decisión a su favor, recursos que al parecer iban dirigidos a los magistrados Gustavo Enrique Malo Fernández y José Leonidas Bustos Martínez", sostiene la Procuraduría.
 
De acuerdo con la investigación disciplinaria, "Ashton Giraldo pudo cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer en razón del cargo, toda vez que, ostentando la dignidad de senador de la República, entregó una alta suma de dinero para obtener beneficios judiciales". 
 
La Procuraduría calificó provisionalmente la supuesta falta del disciplinado como gravísima cometida a título de dolo.
 
En la decisión, el órgano de control negó la solicitud hecha por la defensa del excongresista de remitir copias del expediente disciplinario a la Jurisdicción Especial para la Paz.
 
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz la Procuraduría conceptuó negativamente a la propuesta presentada por el exsenador para que la jurisdicción especial conociera el proceso penal que por esta misma causa le adelanta la Corte Suprema de Justicia.
 
"Mal haría en conocer esta Jurisdicción de Paz casos que involucran a altos dignatarios del Estado como son el ex senador y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los cuáles se negociaban fallos acomodados desconociendo la justicia, sin ningún tipo de relación con el objeto buscado en el Acuerdo de Paz, y menos aún con el conflicto interno que van en desmedro de la institucionalidad", dice la Procuraduría.